Entrevista a Michelle Reyes Milk – ‘Sin la cooperación de los Estados no hay Corte Penal Internacional’

  

Michelle Reyes Milk

Coordinadora para las Américas de la Coalición por la Corte Penal Internacional. Abogada por la PUCP, Master en Derechos Fundamentales por la Universidad Carlos III de Madrid. Docente del curso de Derecho Penal Internacional en pregrado de la Facultad de Derecho PUCP. Docente del curso de Historia y Política de los Derechos Humanos en la Maestría de Derechos Humanos de la PUCP.

Por: Rita Zafra Ramos, Willian Quiróz Morales y Sandra Miranda De Paz, miembros de la Comisión de Investigación.

En el marco del curso “Temas de Derecho Internacional Público” organizado por la Asociación Civil Ius Inter Gentes, la Profesora Michelle Reyes dictó la clase titulada: “Avances y desafíos de la Corte Penal Internacional”. Al final de la misma, nos concedió una breve entrevista que reproducimos a continuación.

Muchas grandes potencias (China, India, Rusia y Estados Unidos) no son Parte del Estatuto de Roma. Con el ánimo de perseguir el delito y evitar impunidad, ¿cómo aborda este problema la Corte?

Bueno, es una respuesta fácil y difícil al mismo tiempo porque uno de los pilares sobre los que se construye el Estatuto de Roma, como todo tratado internacional, es el respeto a la soberanía de los Estados y la voluntad de los mismos. Esa voluntad es la que lleva a un Estado a determinar si decide reconocer la jurisdicción de la Corte en tanto el Estado haya ratificado el Estatuto de Roma (Ex consensu advenit vinculum) y nadie puede obligarlo o no a ratificar. Allí la tarea de impulsar a estos y otros Estados no Parte a ratificar el Estatuto ya no le corresponde a la CPI sino a otros actores de la comunidad internacional, quienes deben impulsar campañas donde se aliente al Estado a ratificar, o generen incentivos; por ejemplo, la Unión Europea ha incluido por varios años cláusulas dentro de sus tratados de libre comercio o tratados de asociación donde establece condiciones de ratificación al Estatuto de Roma para proceder con la negociación de un TLC, mostrando una visión holística hacia los derechos humanos y la CPI. Entonces, hay otros medios para alentar a los Estados a unirse a la CPI, impulsados por una diversidad de actores. Así, la sociedad civil también cumple un rol importante, impulsando campañas, enviando cartas a los Estados, etc.

Ahora bien, al margen del respeto a la voluntad y soberanía de los Estados, debe hacerse la salvedad de que la Corte Penal Internacional sí puede investigar en ciertos contextos crímenes que se hayan cometido en el territorio de un Estado no Parte cuando el presunto autor es nacional de un Estado Parte; y, por supuesto, cuando el Consejo de Seguridad tome la decisión de referir una situación ante la CPI (aunque aquí cobra relevancia el derecho de Rusia, China y Estados Unidos, al igual que Francia y Reino Unido, a emplear el veto).

¿Cuáles considera que son los grandes retos de la Corte en la actualidad?

Es una muy buena pregunta y quizás lo interesante es ver que hay ciertos retos que se han mantenido desde la creación de la Corte y hay nuevos retos que han ido surgiendo en la medida que la Corte avanza en su trabajo. Me atrevería a decir que quizás el principal reto es la cooperación con la CPI; la necesidad de cooperación y cómo actuar ante instancias de no cooperación. Como saben, en el Estatuto de Roma hay toda una sección que regula este tema y obliga expresamente a todos los Estados Parte a cooperar con la Corte (sección 9 del Estatuto). Pero la cooperación tiene un número importante de elementos; puede ir desde asegurar la entrega de sospechosos por parte de los Estados, asegurar que los Estados remitan documentación relevante para un caso concreto, garantizar por parte de los Estados la protección a las víctimas y testigos, solicitar a los Estados a que procedan con el congelamiento de activos de los sospechosos así como el levantamiento del secreto bancario (como sucedió en el caso Ghadaffi) hasta promover la suscripción de acuerdos de ejecución de sentencias de la CPI y los Estados (como el suscrito entre Colombia y la CPI), entre otros.

Sin la cooperación de los Estados no hay Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional no cuenta con una prisión donde se puedan cumplir las condenas, por ejemplo. A su vez, si vemos el número importante de sospechosos que aún siguen prófugos frente a la CPI (aproximadamente 12 a la fecha) se ve claramente que existe una labor que va más allá de lo que pueda hacer la INTERPOL: no se puede garantizar la entrega o la captura de la persona sin la cooperación de los Estados.

La cooperación no sólo se tiene que dar de forma programática, sino que tiene que haber una cooperación que se manifieste en términos de apoyo diplomático, una cooperación que se pueda manifestar, por ejemplo, en lenguaje de apoyo a la Corte Penal Internacional en el marco de resoluciones de la Asamblea General y el Consejo de Seguridad. Asimismo, diversas resoluciones temáticas suelen incluir referencias a la CPI, como la resolución sobre protección de civiles o la resolución sobre protección a niños y niñas en conflicto armado, adoptadas en el seno del Consejo de Seguridad. También, como mencionábamos anteriormente, urge la necesidad de fortalecer y/o continuar con las resoluciones de apoyo a la CPI adoptadas en el seno de distintas organizaciones regionales; es decir, que realmente haya una situación holística hacia la CPI y que pueda identificarse un mecanismo de lucha contra la impunidad en distintas áreas. En la región ha habido, en el marco de la OEA, CARICOM, MERCOSUR, UNASUR y CELAC, acciones de este tipo. En un principio, podrían parecer pronunciamientos diplomáticos sin mucha parte sustantiva, pero la verdad es que esos pronunciamientos y ese apoyo diplomático sí resultan importantes, sobre todo cuando se traducen en la adopción de acciones concretas a favor de la cooperación.

Hace unas semanas la Corte declaró culpable al exlíder militar Germain Katanga por crimen de guerra y de lesa humanidad, pero lo absolvió de los cargos de violación sexual y de reclutamiento de niños soldado. ¿Cuál es su apreciación al respecto?

Bueno, creo que es un logro muy importante el que finalmente haya una segunda condena en el marco de la Corte Penal Internacional. Si recuerdan, inicialmente, Germain Katanga fue co-acusado junto con Mathieu Ngudjolo Chui. Sin embargo, transcurrido unos años más desde la confirmación de cargos, los casos de Ndugjolo y Katanga fueron nuevamente separados.

Por lo tanto, la condena es sin duda bienvenida. Creo que había muchas expectativas entre las víctimas, sobre todo teniendo en cuenta la absolución de Ngudjolo Chui en diciembre de 2012. No obstante, sí ha habido una decepción bastante grande en el colectivo de mujeres y víctimas (de violencia y violación sexual), ya que aun no han podido ver una sola condena por crímenes de este tipo ante la CPI. De este modo, más allá del desarrollo importante que significó una regulación amplia en torno a la categoría de violencia sexual en el Estatuto de Roma, la falta de condenas sobre cargos de violencia sexual ha generado una expectativa creciente y un vacío que aún se tiene que llenar. También ha sido una decisión lamentable para víctimas de reclutamiento de menores el hecho de que no se haya podido probar la responsabilidad de Katanga por este tipo de crímenes.

Por otro lado, creo que el caso Katanga pone sobre el tapete algunas preguntas respecto al procedimiento y vale preguntarse sobre esta decisión en aplicación de la Norma 55 del Reglamento de la Corte, la cual permite a la Sala de Primera Instancia modificar la modalidad de atribución de responsabilidad penal internacional. Como recordarán, en un primer momento, al señor Katanga se le acusa de coautor mediato y, en un segundo momento, se cambia los cargos y se le imputa en calidad de partícipe como un colaborador o, mejor dicho, como alguien que contribuye en la comisión de un crimen por un grupo de personas que tengan una finalidad común (artículo 25ºd) y ahí vale la pena revisar la opinión disidente de la jueza Christine Van den Wyngaert, pues ella votó en contra de esta opinión. No fue una decisión por unanimidad sino por mayoría porque la jueza belga consideró que la modificación constituyó una violación al debido proceso al considerar que no se le dio suficiente tiempo a la defensa para prepararse según la modificación en la modalidad de atribución de responsabilidad penal.

¿Entonces a qué apunta esto? Hemos visto ya en casos anteriores, sobre todo en el caso Lubanga, críticas a la duración del proceso (que también se dan en Katanga) y a cuestiones que todavía muestran que más allá de estos logros importantes aún hay trabajo por hacer para ir perfeccionando el procedimiento. También se han presentado críticas a la forma como la fiscalía está recogiendo las evidencias necesarias para poder tener casos fuertes en todos los cargos que imputa en un primer momento. Entonces, el hecho que no se hubiera podido demostrar más allá de toda duda razonable que el señor Katanga tuviera responsabilidad por el reclutamiento de niños y por casos de violencia y violación sexual es –finalmente– un tema que vuelve a las pruebas. Ello no significa necesariamente un cuestionamiento sobre de capacidad de la Fiscalía, sino que más bien pone en evidencia la necesidad de incrementar el apoyo y la cooperación de los Estados con la Fiscalía para que ésta pueda tener acceso a este tipo de pruebas y contar con la documentación relevante en ese sentido.

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